Cumplir una resolución del consejo de transparencia: qué hacer y qué se comprueba
Qué hace la administración cuando el consejo estima una reclamación, qué pasa si recurre y cómo comprueba el órgano garante que se ha cumplido.
Cuando el consejo de transparencia estima una reclamación, la administración tiene que entregar la información al solicitante en el plazo que fija la resolución y comunicar al consejo lo que ha hecho. Puede recurrir ante los tribunales en dos meses, pero el recurso no suspende la resolución si no hay medida cautelar. El órgano garante, por su parte, comprueba punto por punto que lo entregado responde a lo ordenado.
Llega la resolución del consejo de transparencia: estima la reclamación y ordena entregar la información en un plazo. Para la administración, ahí empieza otro trámite, y es el que menos se cuida. Para el consejo, resolver tampoco es el final: la reclamación solo ha servido de algo si el solicitante recibe lo que pidió.
Esta guía cubre los dos lados: qué tiene que hacer la administración reclamada y qué comprueba el órgano garante. Sigue la Ley 19/2013. Cada comunidad autónoma tiene su ley y su órgano, y algunas dan a ese órgano más herramientas que la estatal.
Qué ordena una resolución estimatoria
Contra cualquier resolución de acceso, expresa o por silencio, se puede reclamar ante el órgano de garantía antes de ir a los tribunales (artículo 24 de la Ley 19/2013). La reclamación sustituye a los recursos administrativos (artículo 23.1). Si el órgano la estima, total o parcialmente, su resolución suele decir tres cosas:
- qué información hay que facilitar, a veces con matices, como disociar los datos personales de terceros;
- en qué plazo, que fija la propia resolución;
- y que la administración comunique al órgano lo que ha hecho, con copia de lo enviado.
Conviene leer la parte dispositiva despacio y separarla en puntos. Una resolución con tres apartados son tres cosas que cumplir, y a menudo cada una depende de un departamento distinto.
Qué tiene que hacer la administración
- Apuntar el plazo desde el día en que se notificó la resolución, no desde que llegó a la mesa de quien la tiene que cumplir.
- Pedir a cada departamento lo que le toca, igual que con la solicitud original, pero con menos margen.
- Preparar lo que se entrega. Si la resolución ordena disociar datos de terceros, la copia se revisa antes de enviarla: nombres, firmas, texto oculto, metadatos.
- Entregarlo al solicitante. Es a él a quien hay que darle la información, no al consejo.
- Comunicar al consejo lo que se ha hecho, con el justificante de la entrega y copia de lo entregado.
Si una parte no se puede cumplir porque el documento no existe o no aparece, hay que decirlo con detalle: dónde se buscó y quién lo confirma. Una frase genérica del tipo «no consta en los archivos» suele volver como incumplimiento.
Si la resolución ordena entregar «en el plazo de diez días hábiles desde la notificación», el plazo corre aunque el departamento esté de vacaciones. Igual que con la solicitud, la petición interna no lo suspende.
Si la administración no está de acuerdo
La resolución del órgano de garantía se puede recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses desde su notificación (artículo 46.1 de la Ley 29/1998). Lo que no se puede hacer es dejarla sin cumplir esperando al juzgado: los actos administrativos son ejecutivos y presentar el recurso no suspende la resolución. Si se quiere evitar la entrega mientras se litiga, hay que pedir al tribunal una medida cautelar (artículo 129 de la Ley 29/1998), y lo decide el tribunal.
Recurrir tiene sentido cuando hay un argumento jurídico serio, por ejemplo un límite que el órgano no valoró. No es una forma de ganar tiempo, y conviene explicarlo así a quien decide.
Si no se cumple
La ley estatal no da al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno multas para forzar el cumplimiento. Mejorar el cumplimiento de sus resoluciones es uno de los objetivos de su plan de objetivos para 2025. Algunas leyes autonómicas dan a su órgano medios propios; mira la de tu comunidad.
El solicitante tampoco está desarmado. Cuando una administración no ejecuta un acto firme, el interesado puede pedirle que lo haga y, si en un mes no lo hace, acudir a los tribunales (artículo 29.2 de la Ley 29/1998). Una resolución estimatoria que nadie recurrió y que no se cumple acaba, tarde o temprano, en un juzgado.
Qué comprueba el órgano garante
Del lado del consejo o el comisionado, el seguimiento del cumplimiento tiene sus trampas. Unas pautas para no caer en ellas:
- Seguir cada punto de la resolución por separado. Una administración puede cumplir dos y dejar el tercero.
- No dar por cumplido lo que solo se ha recibido. Que llegue un documento no quiere decir que responda a lo ordenado. Hay que leerlo.
- Comprobar que la información llegó al solicitante, cuando la resolución lo exige. La copia enviada al consejo no es la entrega.
- Distinguir el cumplimiento parcial del incumplimiento, y dejar escrito por qué se califica de una forma u otra.
- Anotar los recursos y las medidas cautelares cuando se conozcan, y revisar qué efecto tienen. Un recurso, sin medida cautelar, no suspende el seguimiento.
Cuando se publiquen datos de cumplimiento, conviene no convertirlos en un ranking de administraciones sin más. Un ayuntamiento con cuarenta resoluciones y otro con dos no son comparables, y una cifra de incumplimientos sin contexto castiga a quien más solicitudes recibe.
Cómo te ayudamos
Gada para órganos garantes sigue cada punto de la resolución por separado, con lo que ordena, a quién y en qué plazo, y deja constancia de lo que manda la administración y de quién valoró si cumple. No compara administraciones en un ranking. Para la administración, Gada tiene la solicitud original, la reclamación y la resolución en el mismo expediente, y no da nada por cerrado hasta que consta la entrega.
Los plazos de la reclamación están en la guía de plazos y pasos del derecho de acceso.
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