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Derecho de acceso

Solicitudes de acceso escritas con IA o enviadas en bloque: cómo contestarlas

Por qué una solicitud escrita con IA no es abusiva por eso, qué dice el criterio 7/2026 del Consejo y qué herramientas da la ley para el volumen.

8 min de lectura

Una solicitud de acceso no es abusiva por ser larga, por citar resoluciones ni por estar escrita con ayuda de una IA. Para inadmitirla por el artículo 18.1.e de la Ley 19/2013, el criterio interpretativo 7/2026 del Consejo de Transparencia exige a la vez un ejercicio abusivo del derecho, demostrado con hechos, y que la solicitud no tenga que ver con la finalidad de la transparencia. Para el volumen, la ley da otras salidas: pedir que se concrete, ampliar el plazo, contestar con el enlace o acumular.

Las solicitudes de acceso a la información han cambiado de aspecto. Llegan más largas, mejor estructuradas, con citas de resoluciones del Consejo de Transparencia y a veces con el mismo texto a veinte ayuntamientos a la vez. Detrás suele haber una herramienta: un asistente de IA que redacta, o una plataforma que presenta la misma solicitud en bloque y lleva la cuenta de los plazos de quien pregunta.

La tentación es pensar que eso las convierte en abusivas. No es así, y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno lo ha puesto por escrito este mismo año. Esta guía explica qué dice el criterio vigente y qué herramientas tiene la entidad para el volumen sin inadmitir lo que no debe.

La forma de la solicitud no cambia el derecho

El artículo 17.3 de la Ley 19/2013 dice que el solicitante no está obligado a motivar su solicitud. Tampoco tiene que escribirla él solo, ni de su puño y letra. Una solicitud redactada con ayuda de una IA, con lenguaje jurídico y diez citas, es una solicitud como cualquier otra. Se analiza por lo que pide, no por cómo está escrita.

Lo mismo vale al revés: que una solicitud cite muchas resoluciones no obliga a entregar nada que no se deba. Las citas no sustituyen al análisis de cada apartado.

Qué es una solicitud abusiva según el criterio 7/2026

El artículo 18.1.e de la Ley 19/2013 permite inadmitir las solicitudes que tengan «un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia». El 17 de junio de 2026 el Consejo aprobó el criterio interpretativo 7/2026, que sustituye al 3/2016. Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, exige que se den a la vez dos cosas:

  • que el ejercicio del derecho sea abusivo, es decir, que sobrepase de forma manifiesta lo normal y que, además, carezca de una finalidad seria y legítima (la intención no se presume: hay que deducirla de hechos);
  • y que no esté justificado con la finalidad de la transparencia: conocer cómo actúan los responsables públicos, cómo se toman las decisiones y cómo se manejan los fondos.

De ahí salen varias consecuencias que conviene tener presentes antes de inadmitir:

  • El número de solicitudes, por sí solo, no basta. Cuenta, pero hay que ponerlo en relación con otros hechos, como que sean muchas, sobre temas muy distintos y seguidas en el tiempo.
  • Perseguir un interés privado no convierte la solicitud en abusiva.
  • Si se alega que contestar perjudica el funcionamiento del servicio, hay que demostrarlo con datos: cuánto personal hay, cuántas horas llevaría, qué dificultad tiene reunir la información. Decir que supone «un gran esfuerzo» no es suficiente.
  • Que se haya inadmitido una serie de solicitudes de una persona no permite inadmitir sin más las siguientes. Cada una se analiza en su contexto.

El criterio 1/2026, de la misma fecha, recuerda además que las causas de inadmisión se interpretan de forma estricta y siempre con resolución motivada. En la práctica, la inadmisión por abuso queda para casos excepcionales y muy documentados. Una solicitud larga escrita con IA no es uno de ellos.

Lo que sí puede hacer la entidad con el volumen

La ley tiene herramientas para las solicitudes grandes o confusas que no pasan por inadmitir:

  • Pedir que se concrete. Si no se entiende bien qué se pide, se puede pedir al solicitante que lo aclare en diez días, con el plazo suspendido mientras tanto (artículo 19.2).
  • Ampliar el plazo. Un mes más si el volumen o la complejidad lo exigen, avisando antes al solicitante (artículo 20.1).
  • Contestar con el enlace. Si la información ya está publicada, la resolución puede limitarse a indicar dónde está (artículo 22.3). Con el enlace al documento concreto, no a la portada del portal.
  • Remitir lo que no es tuyo. Si parte de lo pedido lo tiene otro organismo, se le remite y se informa al solicitante (artículo 19.1).
  • Acumular. Si una misma persona presenta varias solicitudes muy relacionadas, se pueden tramitar juntas (artículo 57 de la Ley 39/2015).
  • Valorar la reelaboración solo cuando la haya de verdad. El artículo 18.1.c permite inadmitir lo que exige una acción previa de reelaboración, pero sacar un listado de una base de datos o juntar documentos que ya existen no lo es necesariamente.

Qué hacer con las citas de la solicitud

Las herramientas de IA citan resoluciones con soltura, y a veces se equivocan: un número de expediente que no existe, una resolución de otro consejo presentada como del Consejo estatal, una cita que dice otra cosa leída entera. Conviene comprobarlas, sobre todo si la solicitud se apoya en ellas para pedir algo dudoso.

Pero una cita errónea no invalida la solicitud. El derecho de acceso no depende de que el solicitante acierte con la doctrina. Si una cita es incorrecta, se puede señalar en la resolución, pero la respuesta tiene que contestar a lo que se pide.

La misma solicitud a muchos organismos

Cuando llega el mismo texto a todos los ayuntamientos de una provincia, cada uno contesta lo suyo. Preguntar lo mismo a varios organismos no es abuso por sí solo: el criterio pide bastante más que el número de solicitudes.

Aquí ayuda la coordinación. Una diputación o un cabildo pueden preparar un modelo de respuesta para sus municipios, o publicar la información común para que cada ayuntamiento conteste con el enlace. Si la información la tiene la diputación y no el ayuntamiento, lo correcto es remitírsela.

Y si la respuesta también la escribe una IA

Es razonable que la unidad de transparencia use IA para leer una solicitud de diez páginas o redactar un primer borrador. Con tres precauciones:

  1. Que los expedientes no acaben en un servicio de consumo. Las solicitudes y los documentos llevan datos personales. Pegarlos en un chat gratuito es entregar datos personales a un tercero sin las garantías que exige el RGPD.
  2. Que las citas de la respuesta se comprueben igual que las de la solicitud. Una resolución que cita una norma derogada o una resolución inexistente da argumentos a la reclamación.
  3. Que decida una persona. Conceder, denegar o inadmitir es una decisión de la entidad, con su firma.

Para eso hicimos Gada: la IA ayuda a desmontar la solicitud y a redactar, se procesa en la Unión Europea con un servicio profesional, antes de enviarle nada se sustituyen los datos personales, las citas se revisan antes de firmar y la decisión es siempre de una persona. Y no trata una solicitud como abusiva por ser larga o por estar escrita con IA.

Los plazos y las demás causas de inadmisión están en la guía de plazos y pasos del derecho de acceso.

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