Software de transparencia conectado al dato oficial.

Sí. La plataforma sincroniza a diario los contratos de PLACSP y las subvenciones de BDNS, y las obligaciones combinadas pueden mezclar tus datos locales con los oficiales en tiempo real, sin duplicar información.

Sí. La plataforma parte de la Ley 19/2013 y se configura para incorporar las obligaciones adicionales y los criterios de evaluación de cada comunidad autónoma. La misma base sirve a ayuntamientos, diputaciones, cabildos, consejos insulares, universidades y otros organismos públicos, sin crear un producto distinto para cada territorio.

No. La inteligencia artificial funciona con modelos en infraestructura propia (IA soberana). El procesamiento de datos no se envía a ChatGPT, Gemini ni a ningún proveedor externo.

En castellano, catalán, valenciano, euskera, gallego e inglés, con un traductor institucional automático que respeta la terminología administrativa.

Sí. El evaluador automático comprueba tus obligaciones contra los criterios de evaluación (por ejemplo, los del ITCanarias) y te indica qué falta o qué mejorar antes de la revisión oficial.

Sí. La plataforma sigue el Esquema Nacional de Seguridad y registra cada operación de IA para cumplir el RGPD y el Reglamento de IA (UE 2024/1689), además de la Ley 19/2013 y la normativa autonómica.

Esas soluciones resuelven el mínimo y su precio es imbatible, así que la pregunta es legítima. Lo que no suelen incluir es conexión automática con PLACSP y BDNS (los contratos y subvenciones hay que teclearlos otra vez), las obligaciones propias de tu comunidad autónoma más allá del catálogo estatal, avisos de plazo y de información caducada, autoevaluación contra los criterios con los que te van a medir, formatos reutilizables generados para cada conjunto de datos, e identidad propia de tu entidad. Si tu nota no acompaña o el portal depende de que alguien se acuerde de actualizarlo, ahí suele estar la diferencia.

Contra los que te apliquen. MESTA es la metodología de referencia impulsada desde el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y varios comisionados autonómicos construyen sobre ella su índice propio, como el ITCanarias. Transparency International España publica además el ITA, el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos. El evaluador recorre tus obligaciones contra los códigos que correspondan y te dice qué falta, qué está incompleto y qué se ha quedado desactualizado, con tiempo para corregirlo antes de la evaluación oficial.

Sí. Es multi-entidad: una sola instalación sirve a varios organismos, cada uno con su imagen, su dominio y sus datos aislados.

Sí, y es uno de los escenarios para los que está pensada la plataforma. Una sola implantación sirve a todos los municipios de la provincia o la isla: cada uno tiene su portal, su dominio, su imagen y sus datos completamente separados, mientras que el mantenimiento, las actualizaciones y el soporte son únicos. Un cambio normativo se configura una vez y llega a todos a la vez, en lugar de repetirse tantas veces como portales haya.

Los artículos 6, 7 y 8 fijan el catálogo: información institucional y organizativa con organigrama y planes (art. 6), información de relevancia jurídica como normativa y expedientes de elaboración de normas (art. 7), y la información económica del artículo 8, que incluye contratos, convenios, subvenciones, presupuestos, cuentas anuales, retribuciones de altos cargos, declaraciones de bienes e inventario. El artículo 5 añade cómo debe publicarse: de oficio, de forma clara y estructurada, actualizada y en formatos reutilizables.

Sí. Avisa cuando se acerca el plazo de una obligación, escala el aviso según se agota el tiempo y notifica al responsable si llega a vencer. También marca la información que lleva demasiado tiempo sin actualizarse, que es justo lo que penaliza la evaluación anual del Comisionado.

Los procesos que más se repiten son los que más cambian: importar cien registros desde Excel pasa de unas cuatro horas a unos diez minutos, publicar un contrato menor de unos quince minutos a unos tres, y preparar un informe de cumplimiento de un par de horas a unos minutos. El procesamiento de cada documento (conversión a formatos reutilizables, limpieza de metadatos e indexación) deja de ocupar tiempo de nadie.

Sí. El portal cumple el nivel AA de las WCAG 2.1, que es el que exige la normativa española de accesibilidad de sitios web del sector público y el que revisa una auditoría de accesibilidad.

Se puede reutilizar. Cada documento queda disponible también en formato abierto y editable, los conjuntos de datos se pueden descargar y existe una API para acceder a la información de forma programática. Es lo que exige la Ley 37/2007 de reutilización de la información del sector público y lo que valoran los índices de transparencia.

Antes de publicarse, a los documentos se les retiran los metadatos y las marcas de verificación de sede que arrastran del expediente. Para los datos personales del propio contenido, el portal se integra con Anonimiza, nuestra plataforma de anonimización documental, de modo que lo que llega al portal ya está depurado.